En Gijón, una de cada cuatro personas tiene más de 64 años. La soledad no deseada afecta sobre todo a mujeres mayores.

El sindicato USO acaba de publicar el «Estudio de percepción de la economía entre la población española», elaborado por IO Investigación sobre 1.017 trabajadores. El informe describe una España que percibe haber empobrecido bajo apariencia de subidas salariales, donde las generaciones mayores son las que menos han mejorado y donde el ahogo doméstico se ha vuelto estructural. Aplicado a Gijón —cuarta ciudad española de más de 50.000 habitantes con mayor porcentaje de mayores de 64 años—, el espejo devuelve una imagen incómoda: un chasis de servicios municipales que envejece más despacio que la población a la que tiene que atender.

El retrato nacional del informe USO

El estudio que ha hecho público USO en mayo de 2026 no es una encuesta política. Es un sondeo de percepción económica con base muestral de 1.017 entrevistas y trabajo de campo entre el 10 y el 16 de marzo de 2026. Su valor no está en titulares de impacto sino en cuatro hallazgos concretos que conviene retener para entender después lo que ocurre en Gijón:

• El empobrecimiento real bajo apariencia de subidas salariales. Aunque los salarios nominales han subido, la percepción mayoritaria es de pérdida de poder adquisitivo: la inflación acumulada, los costes de vivienda y los gastos básicos se han comido el aumento.
• La brecha generacional. Los mayores de 55 años son los que menos han mejorado su situación: apenas un 15% percibe haber ganado poder adquisitivo en los últimos años. Es el dato clave para territorios envejecidos.
• El endeudamiento del Norte. Pese a tener salarios medios más altos que la media nacional, casi un 30% de los trabajadores del Norte ha tenido que recurrir a crédito para cubrir gastos corrientes. Buenos rendimientos salariales conviven con angustia financiera real.
• La desconexión entre beneficios empresariales y salarios. Una mayoría amplia percibe que los beneficios de las empresas han crecido sin trasladarse a los sueldos.

Estos cuatro vectores describen una economía estatal donde la apariencia macroeconómica (PIB, empleo, salarios nominales) y la experiencia subjetiva del ciudadano divergen de forma medible. El sindicato lo plantea como un problema de Estado. La cuestión que este artículo se propone es otra: ¿qué pasa cuando esa España agotada se aplica a una ciudad concreta, y la ciudad concreta es Gijón?

El chasis demográfico de Gijón: la 4ª ciudad más envejecida de España

Cualquier análisis económico aplicado a Gijón tiene que partir de un dato estructural que rara vez aparece en los debates municipales: el 26,9% de los habitantes de Gijón tiene más de 64 años, según datos del INE. Esto coloca al concejo, en su categoría de ciudades de más de 50.000 habitantes, en la cuarta posición nacional por envejecimiento. Solo tres ciudades españolas con esa escala poblacional están por encima.

Sobre una población empadronada en torno a las 270.000 personas en 2024, esa proporción significa que aproximadamente 72.000 gijoneses son mayores de 64 años. No es una bolsa marginal. Es más de un cuarto de la ciudad.

El dato se agrava cuando se mira la composición de hogares. Asturias es la comunidad autónoma con mayor proporción de hogares unipersonales de España, con el 28,4% del total según los últimos datos publicados; y dentro de Asturias, Gijón concentra una parte muy significativa de ese fenómeno. Las cifras del Principado calculan que más de 65.000 personas mayores de 65 años viven solas en Asturias, y la lectura territorial sitúa al área central —Gijón, Oviedo, Avilés— como el epicentro absoluto de hogares unipersonales de personas mayores.

Dentro del fenómeno hay una brecha de género contundente. En Gijón, entre quienes viven solos siendo mayores, el 80,88% son mujeres y solo el 19,11% son hombres. Esto no es anecdótico: significa que las políticas municipales de envejecimiento, soledad y dependencia están, en la práctica, dirigidas a un colectivo abrumadoramente femenino, viudo y con pensiones medias inferiores a las masculinas.

Lo que el informe USO añade al diagnóstico gijonés

Aquí es donde el estudio nacional empieza a tener mordida local. Si los mayores de 55 años son a escala nacional el segmento que menos ha mejorado, y si Gijón tiene casi un 27% de mayores de 64 años, la consecuencia es aritmética: buena parte de la ciudad pertenece al grupo demográfico que el informe USO retrata como el más castigado por la evolución económica reciente.

El dato del Norte es todavía más incómodo. Asturias tiene salarios medios por encima de la media estatal —la región se sitúa en la novena posición nacional—, pero esos rendimientos coexisten con un endeudamiento alto: casi un 30% de los trabajadores del Norte ha recurrido a crédito para cubrir gastos corrientes. Esa disonancia entre nómina aparente y bolsillo real es la que mejor describe la situación de los pensionistas gijoneses, que perciben prestaciones medias razonables en el contexto español pero soportan unos costes de vivienda, suministros y servicios sanitarios privados (audífonos, gafas, podología, fisioterapia, residencias) que han crecido muy por encima del IPC.

El resultado es una ciudad en la que la apariencia estadística es aceptable —Gijón no figura entre los concejos pobres de Asturias, y sus salarios medios superan a buena parte de los rurales— pero donde la experiencia subjetiva del envejecimiento se parece bastante a la radiografía nacional del estudio USO: pérdida silenciosa de poder adquisitivo, dependencia creciente del crédito o del apoyo familiar, y sensación de que los servicios públicos que deberían amortiguar el golpe no llegan al ritmo necesario.

El Plan de Personas Mayores 2021-2024: caducado y sin sucesor visible

Gijón fue una de las ciudades pioneras en sumarse a la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. En esa línea aprobó su Plan de Acción Local de Personas Mayores 2021-2024, un documento ambicioso que abordaba ocho áreas de intervención —espacios al aire libre y edificios, transporte, vivienda, participación social, respeto e inclusión, participación cívica y empleo, comunicación e información, y servicios sociales y de salud— y que incluía como eje específico la lucha contra la soledad no deseada.

El problema es que ese plan venció en 2024 y, transcurrido todo 2025 y los primeros meses de 2026, no existe constancia pública de un sucesor formalmente aprobado con vigencia para el ciclo 2025-2028 o 2026-2029. La ciudad más envejecida del cuarteto nacional opera, por tanto, con un instrumento de planificación expirado en su política sectorial más sensible.

Esto no es un detalle administrativo. La ausencia de plan vigente significa, entre otras cosas, que los compromisos cuantificados —objetivos medibles, indicadores de seguimiento, calendarios de ejecución— han quedado sin marco de referencia actualizado. Las actuaciones que se hacen, se hacen sobre la inercia administrativa, no sobre una estrategia explícita y debatida. Y mientras tanto, el Principado avanza la suya: el presidente Adrián Barbón anunció en la Feria Internacional de Muestras el compromiso de 16 millones de euros hasta 2027 para apoyar a los ayuntamientos en la lucha contra la soledad no deseada, en el marco de la Estrategia Asturiana cuya aprobación se ha venido difiriendo.

La pregunta institucional pertinente es directa: ¿qué cantidad de esos 16 millones está prevista para Gijón, con qué destino concreto, y con qué plan municipal homologado se va a articular?

Servicios sociales municipales: la frontera donde el espejo USO se rompe

La Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón es el operador real de las políticas de dependencia, envejecimiento y soledad en el concejo. Su catálogo —recogido en la Guía de Prestaciones y Programas Sociales actualizada en diciembre de 2024— incluye los grandes servicios que en otras ciudades se externalizan o se diluyen entre Comunidad Autónoma y entidades privadas:

• Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), tanto el general municipal como el específico para personas reconocidas como dependientes.
• Teleasistencia domiciliaria (TAD), instrumento clave para detectar emergencias en hogares unipersonales.
• Servicio de comidas a domicilio, especialmente relevante para mayores con movilidad reducida.
• Centros de día para personas dependientes (competencia autonómica, pero con derivación municipal).
• Programas de envejecimiento activo y participación social en los centros municipales de mayores.

El catálogo, en sí, es razonable. El problema es la relación entre la demanda potencial y la capacidad efectiva de respuesta. Cuando se cruza el dato demográfico (72.000 mayores de 64, decenas de miles viviendo solos) con el dato de cobertura real (número de horas de SAD prestadas, número de teleasistencias instaladas, lista de espera para valoración de dependencia), la pregunta deja de ser si los servicios existen y pasa a ser si llegan a quien los necesita en el tiempo en que los necesita.

A escala nacional, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) cerró 2025 con una lista de espera de 152.693 personas, un 20% menos que el año anterior pero todavía con tiempos medios de tramitación que en algunas comunidades superan el año. Asturias no está entre las peores —la región ha mejorado la cobertura— pero tampoco entre las mejores. Y lo que se ve mal a escala autonómica se vive especialmente mal en el concejo donde más mayores hay.

El círculo que el informe USO no cierra, y Gijón sí

El estudio USO termina, como casi todos los informes de este tipo, exigiendo una respuesta política a escala estatal: subidas salariales reales, fiscalidad sobre los beneficios extraordinarios, ampliación de la cobertura del SMI. Son medidas legítimas, pero no son las que cambian la vida de un mayor gijonés que vive solo en Pumarín o en Contrueces.

Para ese mayor, el determinante no es la política nacional. Es si la teleasistencia funciona, si el SAD llega las horas que se le reconocieron, si el centro de día tiene plaza, si el centro de mayores del barrio sigue abierto por las tardes, si hay comida a domicilio los fines de semana, si alguien le ha llamado esta semana. Es decir, es la capacidad operativa del Ayuntamiento.

Aquí es donde el espejo del informe USO produce, aplicado a Gijón, una imagen que el informe nacional no contemplaba: una ciudad cuya estructura demográfica concentra el segmento más castigado por la economía estatal y cuyo aparato municipal de respuesta opera sin plan sectorial vigente, con una financiación autonómica todavía sin desplegar y con una demanda creciente derivada del envejecimiento sostenido.

Las cuatro preguntas pendientes

De este cruce de datos —los del informe USO, los del INE y SADEI sobre envejecimiento, los del Ayuntamiento y la FMSS sobre cobertura— emergen cuatro preguntas que el debate municipal gijonés tiene pendientes:

1. ¿Cuándo se aprueba el nuevo Plan de Personas Mayores que sustituya al expirado 2021-2024, con objetivos cuantificados y calendario público?
2. ¿Qué reparto de los 16 millones del Principado hasta 2027 corresponde a Gijón y en qué líneas concretas se va a invertir?
3. ¿Cuáles son los datos actualizados de lista de espera para valoración de dependencia, alta efectiva en SAD, instalación de teleasistencia y plaza en centros de día para residentes en Gijón?
4. ¿Qué porcentaje del presupuesto municipal de 2026 se destina específicamente a programas de envejecimiento activo, lucha contra la soledad no deseada y refuerzo de SAD/TAD, en comparación con ejercicios anteriores?

Ninguna de estas preguntas es ideológica. Las cuatro son operativas. Y las cuatro son las que un análisis honesto del informe USO aplicado a Gijón obliga a formular, porque traducen el diagnóstico nacional de empobrecimiento percibido y desprotección del segmento mayor en términos de gestión municipal concreta.

Gijón no es el reflejo, es la cristalización

El informe USO no fue diseñado pensando en Gijón. Pero leerlo desde Gijón produce un efecto que el sindicato probablemente no previó: lo que el estudio describe como tendencia general española —empobrecimiento real bajo apariencia de subidas, brecha generacional con los mayores como grandes perjudicados, endeudamiento creciente incluso en zonas con salarios buenos— en esta ciudad ya no es tendencia. Es estructura.

Una de cada cuatro personas que se cruzan por la calle Corrida tiene más de 64 años. Una proporción muy alta de ellas vive sola. La mayoría son mujeres. Sus pensiones, en términos absolutos, no son malas; pero ya no aguantan el ritmo de los costes de la vida real. Y los servicios públicos que deberían sostener ese envejecimiento operan sin plan vigente, sin desglose público de la financiación autonómica disponible y sin un debate municipal que ponga la cuestión en el centro.

El estudio USO obliga a hacer un diagnóstico nacional. Pero el deber de cualquier análisis local serio es bajar ese diagnóstico al concejo y, con los datos en la mano, exigir respuestas operativas. Lo que esta ciudad necesita no es otro plan estratégico de cinco años con foto, sino un calendario, un presupuesto, una cobertura medida y una pregunta repetida cada trimestre: ¿cuántos mayores gijoneses han pasado este trimestre del listado de espera al servicio efectivo?

Mientras no haya respuesta pública a esa pregunta, el espejo del informe USO seguirá devolviendo a Gijón una imagen que no es solo económica: es la de una ciudad que envejece más rápido que su propia capacidad institucional de cuidarse.