La Red Municipal de Museos de Gijón gestiona un patrimonio de primera magnitud con presupuestos de infraestructura raquíticos, sin planes estratégicos para ninguno de sus ocho centros y sin que nadie haya auditado nunca si el dinero público se gasta bien. Los récords de visitas no deben confundirse con buena gestión.
Cada año, el Ayuntamiento de Gijón presenta con orgullo las cifras de visitas a sus museos municipales. En 2024 se alcanzaron 511.559 visitantes —«récord histórico», proclamó la Concejalía de Cultura—, y en 2025 la cifra se mantuvo en 504.163, el «segundo mejor dato desde 2016». Son números que suenan bien en una rueda de prensa. El problema es lo que no se dice después.
Porque detrás de esas cifras existe un modelo de gestión que carece de los instrumentos básicos que cualquier servicio público cultural debería tener en 2026: no hay planes museológicos aprobados para ninguno de los ocho centros, no existe un presupuesto desglosado por museo, no se publican datos de satisfacción del visitante, y ningún organismo de control ha auditado jamás si los recursos se emplean con eficiencia. Lo que hay, en definitiva, es un patrimonio extraordinario gestionado con herramientas del siglo pasado.
Ocho museos, un patrimonio enorme y acceso gratuito para todos
Antes de la crítica, el reconocimiento. La Red Municipal de Museos de Gijón/Xixón, gestionada operativamente por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular (FMCEyUP), es uno de los activos culturales más ricos de Asturias. Sus ocho centros cubren un arco temporal de más de dos mil años: desde el castro prerromano de la Campa Torres (siglos VI a.C.–II d.C.) hasta la Ciudadela de Celestino Solar, dedicada a la memoria obrera del siglo XX, pasando por las Termas Romanas de Campo Valdés, la Villa Romana de Veranes, el Museo Casa Natal de Jovellanos, el Museo del Ferrocarril de Asturias —que alberga la mayor colección ferroviaria histórica de España—, el Museo Nicanor Piñole y, el más visitado de todos, el Muséu del Pueblu d'Asturies, con 35.000 metros cuadrados dedicados a la etnografía asturiana.
Todos con entrada gratuita. Ese es un dato que merece subrayarse: la política de acceso libre, consolidada definitivamente alrededor de 2020, hace de esta red un referente de democratización cultural. No es un mérito menor.
Pero la gratuidad no exime de rendir cuentas. Y ahí es donde empieza el problema.
El espejismo de los récords
Las cifras de visitas son reales, pero hay que leerlas con cuidado. Los propios informes municipales reconocen que los recuentos incluyen tanto a turistas como a ciudadanía local, de modo que no se trata estrictamente de demanda turística sino de uso social total. Es un indicador válido, pero no puede ser el único indicador de una red de ocho museos.
Cuando se pone en perspectiva comparada, el dato pierde brillo. Los 504.163 visitantes del conjunto de la red en 2025 representan menos de la mitad de lo que registró ese año el Museo Nacional de Arqueología Nacional tras su renovación (864.201). El Guggenheim de Bilbao —una ciudad de tamaño similar a Gijón— recibió 1,3 millones de visitantes. El Prado, 3,5 millones. En términos per cápita, Gijón está en torno a 1,9 visitas por habitante, muy por debajo de la media de ciudades españolas con redes museísticas activas, que se sitúa entre 3 y 4. Y la tendencia en 2025 fue negativa: una caída del 1,4% en un año en que los grandes museos nacionales crecieron.
Nada de esto es un desastre, pero sí relativiza el triunfalismo oficial.
47.500 euros para ocho museos: la inversión que nadie quiere ver
El dato más revelador de la situación real de los museos de Gijón no está en las visitas. Está en el capítulo de inversiones del presupuesto de 2023: 47.500 euros para el conjunto de los ocho centros. En concreto, 17.500 euros para renovar focos en el Museo Nicanor Piñole y 30.000 euros para adecuación de fondos del Muséu del Pueblu d'Asturies.
Para entender lo que eso significa: estamos hablando de una red con una superficie estimada superior a los 65.000 metros cuadrados y colecciones que incluyen piezas de valor patrimonial incalculable. Cuarenta y siete mil euros no alcanzaría para una rehabilitación mínima de una sola sala. Es una cifra que, en un informe de consultoría independiente revisado para este artículo, se califica sin ambages como «estructuralmente insuficiente» y como «riesgo cierto de deterioro patrimonial no cuantificado».
No es una acusación de desidia: es el resultado lógico de que la FMCEyUP gestiona con un presupuesto global que en 2023 rondó los 14,5 millones de euros para cubrir museos, bibliotecas, Universidad Popular, el Centro de Cultura Antiguo Instituto y el ciclo de actividades escénicas. Los museos compiten internamente con todo eso, y sin que nadie sepa exactamente cuánto le corresponde a cada uno, porque el presupuesto no está desagregado por equipamiento.
Ese detalle —aparentemente técnico— tiene consecuencias de gran calado. Sin saber cuánto cuesta operar cada museo, es imposible calcular el coste por visita, imposible comparar la eficiencia relativa entre centros, imposible justificar ante los ciudadanos la asignación de recursos. La opacidad presupuestaria no es un problema de transparencia cosmética: es un obstáculo estructural para cualquier mejora de gestión.
El vacío de gobernanza: sin planes, sin auditorías, sin datos
En 2005, el Ministerio de Cultura estableció la metodología del Plan Museológico como el documento estratégico que todo museo debería desarrollar: define misión, diagnóstico, programas y, crucialmente, indicadores de evaluación. Algunas comunidades autónomas —Navarra, Andalucía— han convertido ese estándar en obligación legal. El Principado de Asturias no tiene legislación museística específica que lo imponga.
El resultado es que ninguno de los ocho museos de la red dispone de un plan museológico aprobado ni publicado. Ninguno. En el análisis de diagnóstico consultado, los autores admiten haber tenido que elaborar el análisis DAFO de la red íntegramente, ante la inexistencia de cualquier documento de planificación institucional propio.
Este vacío se extiende a los mecanismos de control. La FMCEyUP, como organismo autónomo local, está sometida al control interno de la Intervención municipal —que verifica la legalidad del gasto, no su eficiencia— y al control externo de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. El problema es que la Sindicatura, creada por la Ley 3/2003 y con competencias expresas en materia de eficacia y eficiencia sobre entidades locales asturianas, nunca ha emitido un informe de fiscalización operativa específico sobre la FMCEyUP ni sobre los museos de Gijón. Sus actuaciones sobre el sector público local asturiano se centran en verificar el cumplimiento del deber de rendición de cuentas y la regularidad contable, no en evaluar si los equipamientos culturales cumplen sus objetivos.
El diagnóstico es claro: existe un control de legalidad —el dinero se gasta conforme a los procedimientos—, pero no existe ningún mecanismo que evalúe si el dinero se gasta bien.
No hay encuestas sistemáticas de satisfacción del visitante. No hay indicadores públicos de actividad educativa, préstamos de colección ni estado de conservación. No hay memoria anual de gestión publicada en el portal de transparencia. En 2025, el dato de que solo el 65% de los ayuntamientos asturianos presentó sus cuentas en plazo para el ejercicio 2023 —el peor registro de los últimos cinco años, según la Sindicatura— ilustra el estado general de la rendición de cuentas en el ámbito local asturiano.
El modelo de gestión y sus límites políticos
La estructura de la FMCEyUP es la de un organismo autónomo local cuya junta rectora preside la Concejalía de Cultura. La concejala Montserrat López Moro (Foro Asturias) ha sido la voz pública del balance anual de museos en los últimos ejercicios; antes, el director de la Fundación era el escritor Miguel Barrero, y actualmente lo es Aitor Martínez Valdajos.
Esta dependencia política directa no es en sí misma un defecto: es inherente al modelo de gestión pública directa. Pero tiene consecuencias reales. Las decisiones de programación, inversión y personal están sujetas al ciclo electoral de cuatro años, lo que dificulta cualquier planificación estratégica de largo plazo. No existe ningún consejo asesor externo ni comité científico de carácter público que ejerza supervisión técnica sobre la red. Y la autonomía de gestión de los directores de cada museo frente a los órganos políticos de la Fundación no está definida en ningún documento accesible.
El resultado es una institución que puede hacer bien muchas cosas —y probablemente las hace— pero que no tiene los instrumentos para demostrarlo, ni para corregir lo que no funciona.
Lo que se podría hacer, y no requiere grandes recursos
La paradoja de esta situación es que las soluciones no exigen grandes inversiones. Los estándares existen, son públicos y están disponibles:
El Laboratorio Permanente de Público de Museos (LPPM) del Ministerio de Cultura ofrece metodologías para medir visitantes y satisfacción de forma comparable con el conjunto del sistema museístico español. La adhesión mediante convenio es una opción al alcance de cualquier municipio. La Estadística de Museos y Colecciones Museográficas y el Observatorio de Museos de España (OME) permiten situar cada centro en un contexto nacional comparable. La Norma UNE 302002 establece requisitos de calidad para servicios de visita y ya está siendo adoptada por museos de tamaño similar en otras ciudades.
Publicar una memoria anual de gestión con indicadores básicos —visitas por museo, actividades educativas, inversión en conservación, resultado de encuestas— es una decisión que no cuesta dinero: cuesta voluntad. Desagregar el presupuesto por equipamiento es una modificación del modelo de elaboración presupuestaria, no un gasto adicional.
Y solicitar a la Sindicatura de Cuentas una auditoría operativa sobre la red de museos —posible en el marco de sus competencias legales— costaría al Ayuntamiento exactamente cero euros, y daría a los ciudadanos gijoneses algo que ahora mismo no tienen: una evaluación independiente de si su patrimonio cultural está siendo gestionado correctamente.
Conclusión, un patrimonio que merece más
Los museos de Gijón son buenos. Sus colecciones son únicas, su acceso gratuito es ejemplar y las personas que los trabajan, en su mayoría, hacen lo que pueden con lo que tienen. Pero «bueno» y «bien gestionado» no son la misma cosa, y confundirlos —o dejar que se confundan— no le hace ningún favor ni a los museos ni a los gijoneses.
Medio millón de visitas al año merecen una gestión que pueda medirse, evaluarse y mejorarse. Merecen planes museológicos que definan para qué existe cada museo y cómo sabe si lo está consiguiendo. Merecen un presupuesto transparente que permita saber qué cuesta cada euro de cultura pública. Y merecen, sobre todo, que alguien con autoridad y competencia legal compruebe que el patrimonio de todos está siendo custodiado como corresponde.
Mientras eso no ocurra, los récords de visitas seguirán siendo el único indicador que importa. Y eso, sencillamente, no es suficiente.
Este artículo se basa en documentación de análisis de gestión pública, informes de diagnóstico independientes, datos presupuestarios oficiales del Ayuntamiento de Gijón y estadísticas del Ministerio de Cultura.